En tiempos de creciente deuda y presión fiscal, surgen ocasionalmente ideas poco convencionales para gestionar las obligaciones de endeudamiento del gobierno estadounidense. Pocos han olvidado el proyecto de la moneda de platino de un billón de dólares de hace unos años. Una sugerencia reciente, relacionada con la Guía del usuario para la reestructuración del sistema de comercio global de Stephen Miran (también conocida como el Acuerdo de Mar-a-Lago), consiste en obligar o presionar a los tenedores de títulos del Tesoro estadounidense a canjear sus bonos actuales —muchos con vencimientos a corto o mediano plazo— por bonos a 100 años con tasas de interés más bajas. 

A primera vista, el plan parece atractivo: podría reducir los costos del servicio de la deuda a corto plazo y aplazar el pago a largo plazo. Sin embargo, desde una perspectiva legal, financiera y de mercado, el plan es inviable; en el mejor de los casos, poco realista, y, de implementarse, potencialmente desastroso. 

A continuación, se presentan siete razones clave por las que una estrategia de este tipo sería inviable y perjudicial para la credibilidad del gobierno estadounidense y el funcionamiento de los mercados financieros mundiales.

1. Representa una violación de los términos contractuales.

Los títulos del Tesoro son contratos formales entre el gobierno estadounidense y los inversores. Especifican el monto prestado, la tasa de cupón y la fecha de reembolso . Los inversores compran estos títulos con la expectativa legalmente vinculante de que se cumplirán los términos. Una conversión forzosa en bonos a 100 años, en particular aquellos con rendimientos más bajos, representaría un incumplimiento de contrato. Esto probablemente resultaría en una ola de demandas legales en los tribunales estadounidenses y podría ser interpretado como un incumplimiento selectivo por las agencias de calificación crediticia. En términos más generales, enviaría un mensaje escalofriante a los inversores de que no se puede confiar en que el gobierno estadounidense cumpla con sus obligaciones bajo los términos previamente acordados. Ese daño a la reputación tendría consecuencias duraderas para la capacidad del gobierno para obtener préstamos en el futuro.

2. Es probable que se produzcan dumping u otras formas de represalia

Gobiernos y bancos centrales extranjeros se encuentran entre los tenedores de bonos del Tesoro estadounidense, con billones de dólares como parte de sus reservas de divisas y estrategias de estabilización financiera. Si estas entidades se vieran obligadas a canjear sus tenencias por bonos a muy largo plazo y con menor rendimiento, podrían interpretarlo como un acto de mala fe o incluso una expropiación financiera. En respuesta, algunos podrían tomar represalias económicas o estratégicas, pero la mayoría probablemente comenzaría a liquidar sus tenencias del Tesoro , ya sea para evitar una mayor exposición o como forma de protesta. Una venta masiva coordinada o a gran escala por parte de tenedores extranjeros deprimiría los precios de los bonos, impulsaría los rendimientos al alza y potencialmente debilitaría el dólar. La inestabilidad financiera resultante erosionaría la posición histórica del gobierno estadounidense como emisor de la moneda de reserva mundial.

3. Existen considerables obstáculos jurídicos y políticos

Cualquier plan para convertir la deuda existente del Tesoro en bonos a 100 años se enfrentaría a una inmensa resistencia legal y política. El Congreso probablemente tendría que aprobar la legislación habilitante , y la oposición bipartidista sería feroz, probablemente citando tanto la Cláusula Contractual como la Cláusula de Expropiación . Legisladores de todo el espectro ideológico verían la medida como una amenaza directa a la plena fe y crédito de Estados Unidos. Además, el derecho contractual protege firmemente los derechos de los tenedores de bonos, y la modificación retroactiva de las condiciones de la deuda casi con toda seguridad sería impugnada en los tribunales. La única solución concebible —invocar poderes ejecutivos de emergencia— desencadenaría una crisis constitucional y erosionaría aún más la confianza nacional e internacional en la gobernanza estadounidense. Las consecuencias políticas serían graves, y los mercados financieros responderían en consecuencia.

4. Los bonos a 100 años con rendimientos bajos son un resultado improbable y poco atractivo

Desde una perspectiva financiera, los bonos a largo plazo conllevan un riesgo considerablemente mayor que los de corto plazo. Los inversores expuestos a vencimientos más largos se enfrentan a una mayor incertidumbre sobre la inflación, los tipos de interés y la solvencia. En consecuencia, los mercados exigen rendimientos más altos, no más bajos, para los bonos a largo plazo. Obligar o incluso animar a los inversores a aceptar bonos a 100 años con menor rendimiento a cambio de sus títulos existentes contradice este principio básico de las finanzas. La magnitud de este desajuste es evidente: un bono del Tesoro a 10 años convertido en un bono a 100 años representa un vencimiento diez veces mayor; incluso un tenedor de bonos a 30 años triplicaría su exposición temporal. Sin embargo, el plan propone que estos inversores acepten una menor compensación por ese riesgo adicional, una propuesta que desafía la lógica económica.

Para complicar aún más las cosas, se encuentra la dinámica de duración y convexidad del mercado de bonos. La duración mide la sensibilidad del precio de un bono a las variaciones en los tipos de interés. Un bono con una duración alta, como un bono a 100 años, verá su precio caer significativamente si los tipos de interés suben, incluso modestamente. La convexidad, que describe cómo cambia la duración de un bono a medida que fluctúan los tipos de interés, se acentúa en los bonos a muy largo plazo. Si bien la convexidad puede ser ligeramente beneficiosa en caso de fluctuaciones muy pronunciadas de los tipos de interés, también introduce mayor volatilidad e incertidumbre en los precios, lo que dificulta especialmente la cobertura o el modelado de los bonos a 100 años. Para muchos inversores, especialmente aquellos con necesidades de conciliación de pasivos o restricciones regulatorias, esto hace que estos instrumentos resulten poco atractivos o directamente inmanejables.

Finalmente, estos bonos a muy largo plazo serían menos útiles como garantía en el sistema bancario. Los valores del Tesoro se utilizan ampliamente en los mercados de repos y otros acuerdos de préstamos garantizados debido a su liquidez y precios relativamente estables. Sin embargo, cuanto mayor sea el vencimiento, más volátil será el valor de mercado, lo que significa que los bonos a 100 años tendrían que tener un fuerte descuento (con un mayor "haircut" ) al utilizarse como garantía. Esto reduce su valor efectivo en las operaciones financieras diarias y los convierte en un sustituto deficiente de los bonos del Tesoro a corto y mediano plazo que actualmente circulan ampliamente. Además, su baja liquidez y la falta de emisión histórica dificultarían su fijación de precios y negociación eficiente, lo que reduciría aún más su utilidad en los sistemas financieros modernos.

5. Establecería un precedente negativo y aumentaría el riesgo moral.

Las consecuencias a largo plazo de forzar una reestructuración de la deuda se extenderían más allá del shock inmediato del mercado. Si el gobierno estadounidense establece el precedente de poder cambiar las condiciones de pago unilateralmente, incluso buscando eficiencia o ahorro de costos, abre la puerta a futuras manipulaciones. Los inversores comenzarían a descontar el riesgo de que las condiciones pudieran cambiar nuevamente bajo futuras administraciones o durante futuras crisis. Esto crea un problema de "riesgo moral", donde el gobierno es visto como un prestatario poco confiable, lo que en última instancia aumenta los costos de endeudamiento y perjudica su calificación crediticia. En términos más generales, tal medida podría alentar a otras naciones endeudadas a seguir el ejemplo, debilitando la integridad de los mercados de deuda soberana a nivel mundial. Para un país que emite la moneda de reserva mundial y cuyos bonos sustentan el sistema financiero global, los riesgos de sentar tal precedente son especialmente graves.

6. El alargamiento de los vencimientos no resuelve ningún problema fiscal

Incluso si el mercado aceptara un canje de deuda a corto plazo por bonos a 100 años —con rendimientos apropiadamente más altos para reflejar la exposición mucho más prolongada—, dicha maniobra no haría nada para resolver el desequilibrio fiscal estructural subyacente. Simplemente cambiaría el calendario de los reembolsos, no su escala ni estructura. El problema central no es el perfil de vencimientos de la deuda estadounidense, sino el desajuste crónico entre el gasto y los ingresos públicos. Mientras persistan los déficits —año tras año—, la deuda total seguirá aumentando independientemente de cómo se financie. El problema de la deuda solo se abordará cuando se resuelva el problema del déficit. Esto significa alinear más estrechamente el gasto federal con los ingresos fiscales mediante la consolidación fiscal, el aumento de los ingresos o ambos. Hasta que eso ocurra, la reestructuración de los vencimientos de la deuda es solo un cambio superficial, no una solución real.

7. Podría provocar una pérdida de confianza y pánico en el mercado.

La confianza de los inversores es fundamental para la estabilidad de los mercados financieros, y los bonos del Tesoro estadounidense constituyen el referente mundial para activos de bajo riesgo precisamente por su fiabilidad y previsibilidad. Si el gobierno modificara unilateralmente las condiciones de su deuda —extendiendo los vencimientos y reduciendo los rendimientos—, los inversores lo percibirían como una forma de coerción financiera o un impago blando. Dicha medida provocaría una liquidación masiva de bonos del Tesoro, impulsaría los rendimientos a lo largo de toda la curva y desestabilizaría las carteras globales que dependen de los bonos del Tesoro como reserva de valor. Probablemente se produciría una mayor volatilidad del mercado, incluyendo fuertes caídas de la renta variable y congelaciones de liquidez en los mercados crediticios. El efecto dominó podría extenderse a las economías de mercados emergentes, los mercados de bonos corporativos e incluso a la economía real a través de mayores costes de financiación.

Si bien la idea de reducir los costos de los intereses mediante la conversión de la deuda existente en bonos a largo plazo y de bajo rendimiento podría parecer una solución creativa a los desafíos de la deuda estadounidense, no supera todas las pruebas de realismo financiero, integridad jurídica ni viabilidad política. Violaría contratos, dañaría la reputación de Estados Unidos como prestatario confiable, socavaría la confianza global, reduciría la utilidad de los bonos del Tesoro en los mercados de garantías y sentaría un precedente perjudicial para la gobernanza fiscal. Peor aún, incluso si se implementara con tasas de interés que equilibraran el mercado, no abordaría el factor estructural del crecimiento de la deuda: los déficits federales persistentes. En lugar de estabilizar las finanzas públicas, tal medida casi con certeza desencadenaría una crisis financiera a gran escala. En un mundo que aún (y de forma un tanto inexplicable) depende de los mercados de deuda estadounidenses, alterar esos cimientos conlleva más riesgos que beneficios.

Peter C. Earle, The Daily Economy