En tiempos de creciente deuda y presión fiscal, surgen ocasionalmente ideas poco convencionales para gestionar las obligaciones de endeudamiento del gobierno estadounidense. Pocos han olvidado el proyecto de la moneda de platino de un billón de dólares de hace unos años. Una sugerencia reciente, relacionada con la Guía del usuario para la reestructuración del sistema de comercio global de Stephen Miran (también conocida como el Acuerdo de Mar-a-Lago), consiste en obligar o presionar a los tenedores de títulos del Tesoro estadounidense a canjear sus bonos actuales —muchos con vencimientos a corto o mediano plazo— por bonos a 100 años con tasas de interés más bajas.
A primera vista, el plan parece atractivo: podría reducir los costos del servicio de la deuda a corto plazo y aplazar el pago a largo plazo. Sin embargo, desde una perspectiva legal, financiera y de mercado, el plan es inviable; en el mejor de los casos, poco realista, y, de implementarse, potencialmente desastroso.
A continuación, se presentan siete razones clave por las que una estrategia de este tipo sería inviable y perjudicial para la credibilidad del gobierno estadounidense y el funcionamiento de los mercados financieros mundiales.
1. Representa una violación de los términos contractuales.
Los títulos del Tesoro son contratos formales entre el gobierno estadounidense y los inversores. Especifican el monto prestado, la tasa de cupón y la fecha de reembolso . Los inversores compran estos títulos con la expectativa legalmente vinculante de que se cumplirán los términos. Una conversión forzosa en bonos a 100 años, en particular aquellos con rendimientos más bajos, representaría un incumplimiento de contrato. Esto probablemente resultaría en una ola de demandas legales en los tribunales estadounidenses y podría ser interpretado como un incumplimiento selectivo por las agencias de calificación crediticia. En términos más generales, enviaría un mensaje escalofriante a los inversores de que no se puede confiar en que el gobierno estadounidense cumpla con sus obligaciones bajo los términos previamente acordados. Ese daño a la reputación tendría consecuencias duraderas para la capacidad del gobierno para obtener préstamos en el futuro.