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Oro ilegal priva a Latinoamérica de obtener mayores beneficios ante los precios récord | Noticias | Aurica
Oro ilegal priva a Latinoamérica de obtener mayores beneficios ante los precios récord
martes, 13 de mayo de 2025
En las últimas semanas, Latinoamérica se ha privado de obtener mayores beneficios de los actuales precios récord del oro ante la expansión de la minería ilegal, que genera estragos en la economía y el medioambiente.
Se estima que la minería ilegal aporta aproximadamente el 80 % del oro extraído en Colombia, el 50% en Bolivia, el 40% en Perú y el 30% en Brasil, mientras que, en Venezuela, prácticamente toda la producción es considerada ilegal debido a las sanciones internacionales, según la Coalición por la Transparencia Corporativa y la Responsabilidad Financiera (FACT, por sus siglas en inglés).
“La minería ilegal genera más de US$7.000 millones al año en ingresos ilícitos en Sudamérica”, dijo a Bloomberg Línea Julia Yansura, directora del Programa de Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas en FACT.
Según esa alianza no partidaria que reúne a más de 100 organizaciones estatales, nacionales e internacionales, el valor financiero del oro ilegal varía de alrededor de US$4.800 millones al año en Perú, entre US$1.000 y US$2.000 millones anuales en Venezuela y aproximadamente US$1.000 millones en Ecuador.
El oro es considerado uno de los activos refugio en tiempos de incertidumbre como los actuales, marcados por los efectos de la guerra comercial, pero la mancha que deja el comercio ilegal del oro en la región la priva de obtener mejores beneficios en este rally de los precios, que está atravesando esta materia prima en la actualidad, llegando incluso a superar el techo de los US$3.500 por onza.
La minería ilegal de oro en América Latina está dominada por una compleja red de actores que incluye
grupos de crimen organizado, guerrillas, redes de contrabando internacional, actores estatales corruptos y empresas cómplices.
La minería ilegal asociada a la extracción de oro genera a su vez choques sociales y ambientales profundos, generalmente debido al control de estos territorios por parte de las bandas criminales.
El fenómeno ha creado economías ilícitas con consecuencias devastadoras como el trabajo infantil, la prostitución y la drogadicción.
La situación se complica aún más por la existencia de redes de contrabando que conectan a estos actores con mercados internacionales, permitiendo que el oro ilegal se mezcle fácilmente con el legal mediante documentación falsa y empresas fantasma, dijo Yansura.
En medio de los precios récord, “América Latina está perdiendo esta gran oportunidad, sobre todo Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador”, dijo Giovanni Franco Sepúlveda, director del Grupo de Planeamiento Minero (Giplamin) en la Universidad Nacional de Colombia.
Todo esto se ve agravado por la ausencia de una política regional clara sobre la explotación de los recursos naturales del subsuelo, como el oro, la plata o el platino, según Sepúlveda, de la Universidad Nacional
Además, se evidencia la aparente ausencia de una política regional que busque agregar valor a las materias primas extraídas.
El caso del oro es especialmente preocupante, dado que América Latina exporta grandes volúmenes en bruto, en forma de lingotes o concentrados, hacia destinos como India, China y Europa, donde es refinado y reimportado como joyería o componentes tecnológicos.
Esta dinámica revela una dependencia extractiva sin desarrollo industrial y una oportunidad perdida para fortalecer cadenas de valor internas.
Las rutas del oro ilegal
FACT identifica tres rutas principales para la comercialización del oro ilegal en América Latina: exportaciones formales (el oro ilegal se mezcla con el legal utilizando documentos falsos o permisos fraudulentos), transporte aéreo privado y viajeros que llevan oro como joyería o equipaje.
Si bien el transporte en aviones privados ha ganado popularidad como una forma discreta y rápida de mover grandes cantidades de oro sin pasar por controles estrictos, se ha identificado que la tendencia más notable es el uso de “viajeros” aprovechando los requisitos laxos de declaración en muchos aeropuertos.
Otra de las problemáticas en relación con el comercio es la existencia de importaciones ilegales de insumos clave para la explotación, como el mercurio o explosivos, que alimentan la minería de oro ilegal.
Extraer oro sin autorización legal exige el movimiento y el lavado de grandes cantidades de tierra para recuperar el mineral, así como el uso de agentes separadores como el mercurio y el cianuro.
Ese movimiento de tierras genera daños ambientales críticos, entre ellos la deforestación, la contaminación de ríos con mercurio y la erosión del suelo.
En este contexto, el investigador de la UNAL también se cuestiona por qué si la mayoría de los países latinoamericanos han firmado el Convenio de Minamata, que prohíbe explícitamente el uso de mercurio, sigue existiendo un mercado ilegal tan activo en 2025.
En Latinoamérica, las respuestas institucionales más comunes frente a la minería ilegal de oro en América Latina suelen ser operativos militares o policiales que resultan en la destrucción de maquinaria y el arresto de trabajadores locales en los sitios de extracción.
Sin embargo, la analista Yansura considera que estas intervenciones tienen un impacto limitado, ya que generalmente se enfocan en actores de bajo nivel dentro de la cadena criminal, y que no desmantelan las redes de financiamiento y comercialización que sostienen esa economía ilícita.
Una estrategia más efectiva ha sido la aplicación de enfoques basados en “seguir el dinero”, es decir, rastrear las transacciones financieras y las rutas de comercialización del oro ilegal.
Esto permite identificar y procesar a actores de alto nivel, incluidos empresarios que facilitan la exportación del oro, refinerías que aceptan metal de origen dudoso y redes de contrabando que mueven el oro hacia mercados internacionales.
Ante la magnitud del problema, el académico Giovanni Franco Sepúlveda sugiere respuestas de alcance latinoamericano, al sugerir que los bancos centrales compren oro a un precio por encima de la cotización internacional (entre uno y tres puntos porcentuales) para incentivar la formalización minera.
Sepúlveda cree que, con esta medida, se pueden incentivar los procesos de formalización de la mano de empresas legalmente constituidas para mejorar esos indicadores de oro legalmente extraído y fortalecer la reserva de los bancos centrales de los países latinoamericanos.
Desde WWF indican que también es evidente la necesidad de establecer sistemas de monitoreo y bases de datos regionales que ayuden a llevar una trazabilidad más clara y en consecuencia la toma de decisiones.
Es preciso, además, controlar la venta y el transporte de maquinaria pesada en las zonas donde se ha documentado la minería ilegal, así como definir medidas más agresivas contra los delitos medioambientales derivados de esta.
“Hoy, más que nunca, es necesario conocer el origen de los bienes que consumimos, sin distinguir su valor de mercado, pues al final ‘todo lo que brilla’ proviene de la naturaleza”, dijo Madrigal, el especialista en Democracia Ambiental.
